Tres condenados en una corte federal por participar en fraude de Tiempo Compartido

Nov 12th, 2014 | By | Category: Artículos Destacados, EUA & Canadá, Fraudes en Tiempo Compartido, Nuevos Encabazados, TODOS LOS ENCABEZADOS
Fraude de tiempo compartido

Fraude de tiempo compartido

El Procurador de los Estados Unidos, James L. Santelle del Distrito Este de Wisconsin, ha anunciado hoy que, tras un juicio de seis días, Jason D. Schultz (edad: 31), y Jessica M. Gilbert (edad: 25) de Green Bay, Wisconsin, así como Jessica Weinhart (edad: 31) de Neenah, Wisconsin fueron condenados por conspiración para cometer fraude postal y telegráfico. El jurado encontró, además, que habían participado en un esquema de telemercadeo que defraudó al menos 10 personas mayores de 55 años, llevándolos así a tener cargos por “Estafa de Marketing Contra Personas de la Tercera Edad”. Cada uno enfrenta una pena máxima de prisión de 30 años. Audiencias de sentencia se han programado para el 27 de enero de 2015, ante el Juez Federal de Distrito William C. Griesbach, en el palacio de justicia federal en Green Bay, Wisconsin.

La evidencia presentada en el juicio demostró que cada uno de los acusados participaron en un esquema de telemercadeo fraudulento y reventa de tiempo compartido ubicado en Green Bay, Wisconsin, que dio lugar a más de tres mil víctimas en los cincuenta estados y Canadá, habiendo defraudado aproximadamente por $2,5 millones. El esquema fraudulento se extendió entre abril de 2007 y abril de 2011, y opera bajo varias entidades empresariales diferentes, incluyendo: Integrated Advertising Solutions, National Timeshare Resales, Administrative Timeshare Resales, y Midwest Timeshares. Numerosos testigos y víctimas testificaron, la mayoría de ellos ancianos, fueron contactados por agentes de telemercadeo y dijeron que “los compradores interesados” comprarían su tiempo compartido a cambio de honorarios por adelantado que iban desde unos pocos cientos de dólares a unos miles. Después de entregar su información de pago, las víctimas recibían un contrato de una página que les informaba que estaban simplemente pagando por “publicidad” en el sitio web de la compañía. La evidencia mostró que los telemarketers determinaban el importe de la cuota basada únicamente en la vulnerabilidad y susceptibilidad de las víctimas. Las víctimas que contactaron a las empresas en busca de un reembolso o preguntando sobre el estatus de la venta de su tiempo compartido fueron informadas repetidamente con mentiras o excusas diseñadas para evitar que se pusieran en contacto con su institución financiera y suspendieran el pago a las entidades fraudulentas. Doce víctimas de todo el país con edades comprendidas entre sesenta y noventa y nueve años testificaron en el juicio. Varias de las víctimas declararon que habían sido defraudadas por sistemas similares en el pasado.

Otras cinco personas se declararon previamente culpables por su participación en el fraude de telemercadeo y reventa de tiempo compartido, incluyendo la figura principal en el esquema, Mark S. Parques. Todos están actualmente a la espera de la sentencia.

Este caso fue una investigación conjunta por la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, con la asistencia del Better Business Bureau, y el Departamento de Comercio para la Agricultura y Protección al Consumidor de Wisconsin. Este caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Matthew L. Jacobs y Daniel R. Humble.

Durante la última década, esquemas similares de telemarketing de reventa de tiempo compartido han crecido de manera exponencial, debido a un exceso de propiedad de tiempo compartido y el aumento de las tasas de mantenimiento. Muchos de estos esquemas fraudulentos son operados por empresas con sede en la Florida y Nevada. Los propietarios de tiempo compartido que reciben solicitudes para vender o anunciar sus participaciones deben comunicarse con la Comisión Federal de Comercio, Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la oficina local del FBI, la oficina de su estado de protección a los consumidores, o la oficina del Fiscal General del Estado.

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